Según el reporte de Amnistía Internacional de 1994, Costa Rica fue incluída en la lista negra.

Según el reporte de Amnistía Internacional de 1994, Costa Rica fue incluída en la lista negra.

Violaciones masivas de derechos humanos

Por el asesinato de dos personas durante una «operación» efectuada por el Comando Cobra, en la provincia de Limón en febrero de 1992. Rolando Watson Sáenz y Julio Trejos Obando, fueron asesinados a balazos, después de haber sido salvajemente golpeados, por elementos de la Guardia de Asistencia Rural (GAR), durante una operación antinarcóticos en la región indígena de Talamanca; a la vez que violaron a dos mujeres indígenas una de ellas con apenas 15 años de edad. Golpearon a una niña de 5 años para que su madre revelara algún dato sobre una plantación de marihuana. No satisfechos con esto les derribaron y quemaron sus casas.

Los entretelones de este caso, estan enmarcados en prácticas de contrainsurgencia en las zonas rurales según Minor Macís, experimentado jefe del comando Cobra en acciones antiterroristas; el cual al momento de la entrevista y gozando de la simpatía de un sector afín a estas prácticas entre los televidentes, lo llamaban para felicitarlo. Sus atestados profesionales le permitieron dar una cátedra de pragmatismo militar, digno de las mejores escuelas del combate anti-subersivo, por donde pasó.

Escuadrones de la muerte y autosecuestros  o comandos especiales.

Con una muy amplia y documentada información; basada en muchos años de experiencia académica y profesional militar y notas de alta graduación en muchas materias de seguridad; declaró sobre el terrorismo de estado, vía ministerio de seguridad y lo hizo contundentemente, ante las cámaras de televisión en la entrevista que realizara el comentarista de radio y televisión Esteban Gil Girón. El cual contempla acciones de película con riezgo absoluto y real; como la de «El Comando de la Muerte», que secuestró a los magistrados de la Corte Suprema mientras sesionaban. Por cierto que este «comando», estaba integrado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y elementos relacionados con la seguridad del estado, según el entrevistado. También incluye autosecuestros de funcionarios públicos, como el caso del ex-ministro de Seguridad Luis Fishman, según el propio entrevistado, con el propósito de favorecer el crecimiento de los aparatos represivos y crear un clima propicio, entre la población, para justificar la represión a sectores no gratos ideológicamente; en la que según sus propias palabras, el propio ministro de seguridad, aparecía como un coordinador activo.

Desde esta fecha, de acuerdo al reporte de Amnistía Internacional, la violencia policial se ha incrementado.

Siete miembros del Organismo de Investigación Judicial se vieron involucrados en la tortura y asesinato del menor de edad William Malcolm Lee, perteneciente a una de las 200 bandas callejeras que operan en San José 17. Primero fue necesario matarlo con un bate de beisból, dentro de la celda donde estaba detenido y rematarlo con unos disparos por la espalda, para luego ir a lanzar su cuerpo a un precipicio a orillas de la carretera del Cerro Zurquí; todo con el propósito de «amedrentar» a los hijos de la miseria, para que desistan de su comportamiento antisocial. Sin embargo, los jueces no vieron intención criminal en este hecho y tomaron en cuenta sus hojas de servicio profesional, para darles una libertad condicional.

No obstante con «una hoja de servicios limpia en derechos humanos»; otros cuatro agentes del citado Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se vieron involucrados en otro suceso, por haberle cortado la cabeza y las manos al campesino Ciro Monge 18.

Según el representante de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) William Vargas, en los dos años anteriores, 22 asesinatos han sido realizados por el OIJ y otros cuerpos policiales.

La agresión de las autoridades contra los campesinos ha sido muy fuerte, afirma Amnistía Internacional en su reporte de 1998.

Para 17 de Julio del 2000, la policía arremetió salvajemente con bala y garrotes contra miembros de la sociedad civil, asesinando a Carlos Flete Corea , el que recibió un balazo en la pierna y otro en la arteria. Tanto él como su madre y abuela eran miembros de las comunidades bananeras, fronterizas con Panamá; en la región de Sixaola; ambas debieron ser hospitalizadas debido a los ataques que sufrieron de parte de la policía.

Otros diecisiete trabajadores fueron leñateados irracionalmente y encarcelados. Lo peor según la declaración del abogado de la Coordinadora de Sindicatos son las evasivas que ha encontrado, para obtener información de parte de las autoridades. De acuerdo con los vecinos y miembros del sindicato Sitrachiri, estos se encontraban en grupo considerable y pacífico.

No habiendo otra alternativa para las comunidades ante el engaño y el abandono a que son sometidos por los distintos gobiernos de turno. Estas humildes comunidades salen a manifestar su inconformidad pacíficamente, tratando de llamar la atención de los distintos representantes políticos en el gobierno, el cual lejos de encontrar una solución adecuada a sus justas demandas, les responde con bala, garrote y cárcel 19.

Se describe, que en los meses de julio y agosto, fueron golpeados en forma brutal, numerosos núcleos de familia campesinos; sus casas, cultivos y pertenencias destrozados, al ser desalojados ilegalmente por la policía bajo órdenes del Ministerio de Seguridad Pública; y los guardias de seguridad armados; que no son otra cosa que grupos paramilitares. En este operativo resultaron heridos, de bala, tres campesinos; tales hechos se ubican en Sarapiquí, Provincia de Heredia 20.

Similares abusos, en donde campesinos han sido heridos con armas de fuego por dichas unidades, durante los desalojos han permanecido sin ser resueltas.

El caso del campesino Jorge Fallas y su familia, vecinos de Agujas en Jiménez, los cuales fueron atacados a balazos dentro de su propia casa, donde se encontraban dos niñas muy pequeñas por elementos del Comando Sur de la Guardia de Asistencia Rural (GAR), los cuales se prestaron al soborno de un terrateniente, con el propósito de expulsarlos violentamente de su propiedad, para adueñarse por la fuerza de ella. Al recibir las balas de M-16 del gobierno de la república, Jorge perdió su pierna. Su padre y su hermano fueron severamente golpeados y encarcelados en el mismo «operativo» 21.

Presos políticos:

Existen presos políticos en el país de la «democracia» y la persecución política; se realiza sin ningún escrúpulo contra miembros del Partido Comunista o personas con ideas progresistas. Podemos comprobarlo en el reporte de Amnistía Internacional refiriéndose a los casos de Livia Cordero Gené, Bolivar Eduardo Diaz y Domingo Solís Solís, quienes tuvieron que pasar en prisión, sin derecho a juicio previo, durante dos años y seis meses debido a sus ideas de izquierda; otros doce que habían sido detenidos junto con ellos fueron dejados en libertad en 1990.

El caso de Daniel Vega Miranda ha sido el más reciente de los prisioneros a causa de sus actividades políticas 22.

El asesinato de Viviana Gallardo , la cual fue acribillada a tiros, en una celda por órdenes expresas de autoridades superiores, quedó como siempre en la sombra del misterio y de nada le sirvió al cabo Bolaños en su defensa; explicar las causas del crimen que cometió. En otras palabras, se sigue la política del chivo expiatorio.

 Torturas

Los travesties, son una minoría blanco de torturas, vejaciones, y tratos degradantes por parte de los cuerpos policiacos. Jorge Enrique Vargas Gonzales fue arrestado en el mes de mayo y bajo intimidación con un arma de fuego fue obligado a mantener sexo oral con uno de sus captores.

Manuel Horacio Guevara Albornoz al ser capturado por segunda vez fue obligado a desnudarse mientras hacían mofa de él.

Además estas minorías sufren ataques desde la iglesia católica, la cual es oficial del Estado y a este coro de persecución se ha unido la voz del Presidente Miguel Angel Rodriguez, desde las tribunas oficiales. Aunque miembros de la comunidad Gay, han presentado diversos recursos jurídicos, en defensa de su orientación sexual, ante los ataques discriminatorios; los representantes de la Iglesia, han salido absueltos debido a la parcialidad de los funcionarios judiciales.

Sin embargo la Iglesia no sólo se ha limitado al discurso, sinó que también ha organizado marchas y cierres de carreteras para que representantes de los gays, no lleguen a su destino; como ocurrió en Quepos, cuando amenazaron con acciones violentas a los que asistiesen al Congreso Internacional Gay.

Creando situaciones que han amenazado la vida de estas personas; por lo que tuvieron que suspender el encuentro; ante la irracional política discriminatoria y la ignorancia promovida con respecto al tema 23.

En las cárceles se han dado casos de prisioneros torturados y asesinados. Infortunado ejemplo de esto fue Randall Aguilera Chacón de 22 años, quien fue trasladado de una celda a otra de mayor seguridad, bajo acusaciones de portar dos piedras de crack en la boca; al día siguiente amaneció muerto y con señales de haber sido golpeado 24.

Según SITAGAH (una importante agrupación sindical bananera), en un informe sobre la Finca Geest; una transnacional de capital inglés que se asentó en el sector de Sarapiquí; decidió arbitrariamente rebajar de manera considerable los salarios de los trabajadores, en especial los de campo.

Obviamente los trabajadores como en cualquier parte del mundo civilizado, se manifestaron en contra de este sablazo empresarial; por lo que tuvo que acudir la guardia al llamado de la patronal, expoliadora de la sangre y la riqueza de los bananeros. Como consecuencia de esta visita de uniformados del gobierno se produjo un violento ataque contra cientos de trabajadores indefensos por parte de las fuerzas gubernamentales y 40 trabajadores fueron encarcelados y demandados por la transnacional bananera Geest; antes fueron rociados con gases y disparos; se puso en peligro la vida de mujeres en estado de embarazo y la de sus niños los cuales escaparon de morir a causa de las balas o de asfixia junto a sus madres, en sus propias casas de habitación; 16 empleados bananeros fueron heridos de bala, con armas de grueso calibre, de los cuales, al menos, cuatro de ellos resultaron con daños irreversibles debido a la extrema gravedad de sus heridas; y a los cuales el gobierno de Costa Rica les ha negado el ingreso al país para ser atendidos clínicamente; aunque sus heridas fueron producidas por agentes del gobierno costarricense. Esto hay que sumarlo a la xenofobia de los agentes de la policía y el gobierno en contra de los nicaraguenses.

Casos de falsos positivos.

Ejemplo de esto es el caso del extrabajador José Antonio Molina quien quedó completamente inutilizado en sus funciones físicas. Otro caso es el de Juan Pablo Ramírez que fue invalidado a causa de los proyectiles de bala, que recibió en su cuerpo. De acuerdo a una declaración emitida por el Foro Emaús, una coalición de organizaciones sociales que se reunieron para trabajar sobre diversos temas en la región atlántica ; recoge en sus páginas la declaración de un testigo presencial de nacionalidad nicaraguense; el cual responde al nombre de Carlos y omite sus apellidos por razones lógicas de seguridad; él dice que gracias a una iglesia que les ayudó, hubieran quedado presos o estarían muertos; hubo deasparecidos que nadie sabe que se hicieron.

Tres dirigentes populares campesinos han sido asesinados; uno de ellos, tomado como desaparecido y descubierto su cuerpo, en una fosa común. Se trata de quien respondiera en vida al nombre de Celso Garita; abril de 1994 Chapernal de Puntarenas. Alvaro Monge Jiménez, asesinado el 26 de noviembre de 1995; en Los Angeles de Río Jiménez Limón. Miguel Trejos Sandoval, 30 de diciembre, asesinado, ese mismo año en Centrales 26 millas de Batán Limón.

La región de Pavones, en donde el conflicto, por la tenencia de la tierra, que data de muchos años atrás y en donde han muerto varios campesinos asesinados por bandas de narcotraficantes; la lucha es frontal y sigue cobrando víctimas. El último crimen se registró durante un fuego cruzado entre el norteamericano Max Dalton y el campesino Alvaro Aguilar. Ambos murieron. Ocurrió el 13 de noviembre de 1997.

Casos de nicaraguenses asesinados y desaparecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común a orillas del cerro Zurquí fueron Juan José Urbina Urbina, Felix Rodríguez García y Mauricio Guzmán Martínez.

No han sido encontrados los restos, ni tan siquiera un rastro que los guíe hasta el paradero de los nicaraguenses: Bienvenido Loaciga Suarez, Oscar Raul Urroz Rojas, Mario Leoncio Lira Alegría y Carlos Enrique Paniagua 25. Sumando a esto las misteriosas muertes de más de quince personas sin resolver; «El Psicópata», continúa en la impunidad; y el cual se caracteriza en las regiones donde ha actuado, por sus conocimientos militares, según algunos expertos investigadores.

Por otra parte están, las muertes sin explicación de los cuatro miembros de la Asociación Ecológica Costarricense (AECO). Uno de ellos acribillado a tiros; cuando trataba de cruzar una calle, en la capital. Esto ocurrió, pocos días después a la muerte simultánea de los tres primeros, en su propia casa de habitación.

Seguiría una larga lista de hechos probados; y bastante innumerables los que nunca han sido reportados, por temor de los mismos perjudicados o de sus familiares a las represalias que suelen tomarse.